En San Luis Potosí es un hecho innegable: no existe paridad en el gobierno estatal. Las dependencias no muestran equilibrio en sus nombramientos y, por el contrario, abundan los casos de despidos ilegales —muchos de ellos dirigidos específicamente contra mujeres— desde el inicio de esta administración. Por eso resulta francamente contradictorio que ahora, a finales de 2025 y a poco más de un año del proceso electoral de 2027, al gobernador le haya entrado la urgencia de colocar la palabra paridad en su discurso.
Lo curioso es que esta súbita defensa de las mujeres aparece justo cuando en el estado es un secreto a voces que el mandatario pretende heredar la gubernatura a su cónyuge, la hoy senadora Ruth Miriam. No es casualidad, y tampoco es prudente ignorarlo.
La propuesta que impulsa el gobernador —a través de sus operadores, nunca de manera directa— para modificar la ley y obligar a que todos los partidos postulen exclusivamente mujeres a la gubernatura en 2027, no solo es sospechosa: podría constituir una violación constitucional. Como lo establece de forma explícita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
«Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular…»
Ese artículo consagra el derecho de toda persona ciudadana a votar y ser votada bajo condiciones de igualdad. Si una ley local pretende excluir a hombres de la posibilidad real de competir por la gubernatura, estaría atentando contra ese derecho político fundamental.
El momento casi electoral tampoco es casual. La idea cobró fuerza precisamente cuando comenzó a crecer la figura de Gerardo Sánchez, un perfil joven, empresario huasteco de Tanquián y con eco creciente en la ciudadanía. Su ascenso coincidió mágicamente con la repentina inquietud del gobernador por “defender la paridad”. Resulta difícil no conectar ambos hechos.
Lo que está en juego no es menor. Esta reforma apunta a neutralizar al único perfil que, por ahora, podría disputarle seriamente la elección a la maquinaria gallardista. Y no hay que olvidar que la elección de 2027 ya pintaba como una elección de Estado. La estructura de la gallardía está aceitada con miles de millones de pesos (recursos públicos y agregados), opera sin contrapesos reales ante el sometimiento vergonzoso del órgano electoral local y los partidos “de oposición”, sin liderazgos sólidos.
Habrá que ver cómo se resuelve esta reforma, porque sin duda terminará en tribunales. El debate jurídico será profundo y, seguramente, polémico. Pero lo fundamental es vigilar el fondo del asunto: que una bandera legítima como la paridad no sea usada como instrumento político para imponer sucesiones disfrazadas de avances sociales.
Estaremos atentos. Lo que viene dará mucho de qué hablar.
