La estela de corrupción entre funcionarios gubernamentales y políticos vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) alcanzó al mismo gobernador Juan Manuel Carreras López quién supo y ordenó el desvío de por lo menos 12 millones de pesos para la «aprobación» de diversos dictámenes legislativos y para la elección de su ‘propuesta’ para presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En la investigación realizada por el equipo de Omar Niño Noticias se pudo descubrir la trama de corrupción que quedó al descubierto, y la forma en la que la administración de Ricardo Gallardo Cardona politiza los temas para tener doblegados a diputados y exlegisladores.
Tras la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado en el periodo de José Luis Ruiz Contreras a una constructora que no realizó una obra en el año 2020, salieron a relucir nombres de políticos panistas y priistas que recibieron, según la versión del contratista, 12 millones pesos que él mismo les entregó en dos ocasiones en diversos lugares de la capital potosina.
La estela de corrupción y desvió de recursos inició cuando, el hoy diputado local por el PAN, Rubén Guajardo Barrera, le presentó a su compañero de bancada y entonces coordinador de la misma, Rolando Hervert Lara (hoy detenido y sujeto a proceso penal), al contratista Josué ‘N’ quien serviría de enlace para obtener el dinero del erario público.
En reunión realizada a mediados del 2019, en Hotel Progreso del centro histórico, Hervert Lara le explico al constructor que tenían un acuerdo con el Gobierno del Estado para que a través de su empresa se lograran sacar 12 millones de pesos que les serían entregados como “pago” por votar a favor de diversas iniciativas del gobernador Juan Manuel Carreras López y que ese dinero se repondría más adelante, con la entrega de otras obras, que en ese entonces se habló de más de 100 millones de pesos en diversas construcciones y edificaciones en todo el estado.
Luego de que el constructor accedió a prestarse a la maniobra corrupta, le ordenaron se entrevistara con el hoy ex titular de la SEDUVOP, Leopoldo Stevens (detenido y sujeto a proceso en prisión domiciliaria) para que le indicara lo que debería hacer para que su empresa saliera ganadora en una licitación pública de una obra y poder recibir el dinero que entregaría a los diputados.
La obra entregada a la constructora fue «La semaforización de la Red Metro» en el tramo de avenida Industrias del eje 100 al 128, cuyo costo sería de 24 millones de pesos.
De esa cantidad, el constructor se había comprometido inicialmente a entregar 12 millones de pesos a los dos diputados y al entonces presidente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar, acuerdo, que según consta en documentos que tenemos en nuestro poder, y según los dichos de Josué «N» cumplió al pie de la letra.
El primer pago que recibió el constructor fue en el mes de junio del 2020, siendo el equivalente al 30% de las obras, es decir poco más de 7 millones 200 mil pesos, de los cuales 6 millones de pesos, divididos en dos partes iguales, las entregó en bolsas de la tienda departamental “Liverpool” en el despacho del diputado Rubén Guajardo Barrea, ubicado en la calle de Leandro Valle casi esquina con Ignacio de la Llave en la colonia Alamitos. Luego de recibirlos Rubén Guajardo le agradeció al constructor quien de manera cínica le dijo “qué bueno que viniste porque ya estábamos secos”.
En esa reunión según lo dicho por el constructor, fue testigo su socio y amigo Oscar «N» mismos que le entregaron las «bolsitas” a Rubén Guajardo, Rolando Hervert y Juan Francisco Aguilar.
Al constructor solo le quedó poco más de un millón de peso para el inicio de la obra, por lo que se vio limitado a arrancar los trabajos de forma íntegra, y comenzó con retraso en la misma, lo único que hizo fue limpiar la maleza del camellón donde se realizaría dicha obra.
Sin embargo, los panistas comenzaron a presionar la entrega de los otros seis millones de pesos.
Funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la propia SEDUVOP se negaban a avalar y pagar la siguiente estimación de obra, porque el avance era nulo y no podían pagar, sin embargo, el propio gobernador potosino, Juan Manuel Carreras López intervino para que de forma irregular pagaran, no solo una sino dos facturas presentadas por el constructor para la obtención del dinero y entregarlos a los panistas que en ese entonces se negaban a aprobar el nombramiento de la hoy titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, que se atoró en la primera votación. Actos seguido, por órdenes del entonces Secretario de Finanzas Daniel Pedroza Gaitán se les dispersó el pago y al día siguiente fue electa Argüelles Moreno como titular de la CEDH con un mandato que se extiende hasta el 31 de marzo de 2025.
El dinero de una segunda entrega fue transferido a la cuenta del constructor quien nuevamente, pero esta vez en ‘cajas de regalo’ de la misma tienda departamental entregó el dinero, en una casa ubicada en el fraccionamiento Sierra Azul, en la zona dorada de San Luis Potosí, asegura el constructor que esa casa, la había facilitado un alcalde panista de apellido Pacheco.
Hubo una tercera reunión con los diputados y al dirigente del PAN, con los constructores en una casa del fraccionamiento Estación del Río, donde les informaron del avance para la entrega de otras obras de más de 100 millones de pesos.
El pago de las dos últimas facturas, se complicó demasiado, primero porque la obra no registraba ningún avance y los funcionarios de segundo nivel de la SEDUVOP se negaron a firmar los documentos, por lo que, buscando una solución y ante la presión de los diputados, se realizaron varias reuniones en las que participaron el constructor, el titular de la SEDUVOP, Leopoldo Stevens Amaro; el Secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán; el Secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovias; el Secretario Técnico del Gabinete, Aldo Torres; el Oficial Mayor del Gobierno, Elías Pesina Rodríguez; el Subsecretario de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, incluso el propio gobernador Juan Manuel Carreras López.
Para completar los segundos 6 millones de pesos, incluso se tuvo que echar mano del recurso económico contemplado en el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado, (FIDECO). Para cerrar el tema de los actos de corrupción, el constructor señala que el Oficial Mayor de ese entonces, Elía Pesina Rodríguez le pidió el 20% de los últimos dos pagos del 2021, además el también titular de la SEDUVOP, Leopoldo Stevens le pidió 500 mil pesos para la contratación de un despacho contable que se encargaría de “limpiar” todo el desorden que se había generado en esa dependencia.
Ese dinero, según refieren los constructores, que, por cierto, son investigados por el presunto delito de fraude específico, se lo entregaron a la mano derecha de Leopoldo Stevens, Juan Manuel López, en las oficinas denominada “La Seca”. El dinero iba dentro de una caja de galletas para no despertar sospechas.
Por toda esta estela de corrupción registrada en esa obra, los trabajos de la obra en mención, no se realizaron, luego llegó la pandemia y el siguiente recurso económico ya no se puedo entregar, ni tampoco hubo más obras para los constructores.
Con el cambio de gobierno, se presentó la denuncia bajo la carpeta de investigación CDI/FGE/I/DO1/38853/21 por el incumplimiento de la obra pública y la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, judicializó la carpeta de investigación por los presuntos delitos de fraude especifico en contra del constructor y coacusados y por ejercicio abusivo de funciones en contra de Rolando “N”, y Leopoldo “N”.
Ante eso, un juez de control giró orden de aprehensión en contra de Leopoldo “N” quien está sujeto a proceso en prisión domiciliaria y en contra de Rolado “N” por el presunto delito de Ejercicio Abusivo de Funciones quien está recluido en el CEPRERESO de La Pila.
La historia aún no concluye porque la carpeta de investigación sigue abierta y por secrecía no se sabe si existen otras ordenes de aprehensión.
Y la pregunta es, si el autor intelectual, el que prestó las oficinas para supuestamente recibir los primeros 6 millones y además haber recibido parte de los 12 millones desviados, es el diputado Rubén Guajardo ¿Por qué no está en la cárcel? Será que La Fiscalía y el Gobernador Ricardo Gallardo lo encubren y de esta manera politizan y usan a su favor la denominada «Estela de Corrupción”.
