Integrantes de organismos empresariales como CANACINTRA, Coordinadora de Alianza Empresarial, COPARMEX y la asociación UZZI se reunieron ante la Comisión de Desarrollo Sustentable en el Congreso del Estado, para exponer diversas problemáticas relacionadas con la regulación y operación de la Zona Industrial de la capital potosina.
Durante su intervención, señalaron que en esta zona se encuentran más de 600 empresas asentadas en 2500 hectáreas, lo que la convierte en uno de los principales motores económicos del estado. No obstante, indicaron que a finales de 2024 se emitió un decreto actualizado con los anteriores, que establece las bases de arranque para la Zona Industrial, pero el cual no fue socializado adecuadamente entre los usuarios, por lo que hoy se necesita ampliar para que sea más claro.
Uno de los principales planteamientos fue la necesidad de delimitar con precisión el polígono de la Zona Industrial, ya que actualmente incluye áreas que consideran incompatibles, como un centro de rehabilitación, zonas habitacionales, zona la Noria, parte de una carretera e incluso elementos que generan confusión sobre su pertenencia a la delegación de Villa de Pozos. En ese sentido, propusieron trabajar de manera conjunta con el catastro estatal para unificar y clarificar las secciones territoriales.
Asimismo, los empresarios pidieron definir claramente las competencias entre el Gobierno del Estado, a través de la SEDECO, y el Ayuntamiento, en el uso de suelo. Recordaron que el municipio promovió una controversia constitucional contra el decreto, debido a que otorgaba al estado facultades para facilitar cambios de uso de suelo con fines industriales o comerciales. Hoy por hoy se necesita una redacción más clara de otorgamientos de uso de suelo.
Advirtieron que, en su forma actual, el decreto podría permitir la instalación de negocios no compatibles con la vocación industrial, como bares, centros nocturnos, jardín de niños o giros similares. Si bien reconocieron que en el programa municipal de desarrollo se contemplan corredores de servicios en avenidas como Industrias, CFE o Eje 140, subrayaron que no todos los ejes son aptos, especialmente en zonas donde existen industrias de riesgo.
Otro de los puntos críticos abordados fue la falta de claridad sobre la responsabilidad en el mantenimiento de la infraestructura, incluyendo semáforos, bacheo, apertura de nuevos ejes, rehabilitación integral, alumbrado público etc.
Señalaron que actualmente no está definido si estas tareas corresponden al Ayuntamiento o al Gobierno del Estado, y aunque ambas instancias han manifestado disposición, no se observan acciones concretas ni una asignación clara de responsabilidades.
Ante este panorama, los organismos empresariales propusieron la creación de un reglamento que establezca lineamientos claros y operativos, mientras se emite un decreto actualizado que contemple estas necesidades. Indicaron que dicha propuesta fue elaborada de manera conjunta entre las organizaciones y ya fue presentada ante la SEDECO para su análisis.
