Más de 60 trabajadores del STJE han sido cesados en días recientes, mientras ex empleados municipales denuncian despidos sin sustento legal que terminan en costosas condenas para el erario público.
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) ha ejecutado el despido de más de 60 trabajadores en días recientes, una cifra que continúa en aumento según reportes de los propios afectados.
Los cesados pertenecían al denominado «fondo de apoyo», personal auxiliar que ahora enfronta dos opciones: aceptar su despido definitivo o regresar a sus cargos con una drástica reducción salarial que, en casos documentados, implicaría retroceder del nivel 6 hasta el nivel 2 en el escalafón institucional.
La estrategia de despidos, catalogada por los afectados como «hormiga», se ha ejecutado de manera gradual, aunque a mediados de semana se registró una oleada de notificaciones que alcanzó a empleados con antigüedades de entre dos años y medio hasta cinco años de servicio. Varios trabajadores han descubierto su cese al intentar ingresar a sus centros de trabajo, donde el sistema de reconocimiento biométrico ya no les permite el acceso.
Las dirigencias sindicales no han emitido pronunciamiento oficial sobre la situación, especialmente en el caso de trabajadores de base que podrían ser afectados por la reducción salarial o el despido definitivo. La situación se complica para aquellos empleados que no estaban basificados, quienes carecen de las protecciones legales de los trabajadores sindicalizados.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se deslindó del tema al señalar que se trata de un asunto interno del STJE y que no le corresponde opinar sobre las decisiones de otro poder del Estado.
Los trabajadores despedidos sospechan que los ceses obedecen a la llegada de nuevos jueces y magistrados al tribunal, quienes requerirían las plazas para colocar a allegados y personas de confianza. Hasta el cierre de esta edición, el STJE no ha emitido postura oficial sobre los despidos masivos ni sobre las condiciones laborales ofrecidas a los afectados.
Despidos irregulares cuestan millones al Ayuntamiento
En un escenario similar, trabajadores despedidos injustificadamente del Ayuntamiento de la capital califican como «ofensivas y desconectadas de la realidad» las declaraciones del síndico primero, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, quien afirmó que «no ha habido despidos injustificados» y atribuyó los más de cien ceses a simples vencimientos de contrato.
Empleados con 15, 18 y hasta más de 20 años de antigüedad aseguran haber sido separados de sus funciones de manera abrupta, sin documento que respalde la decisión, sin aviso formal de rescisión y sin respeto a la legislación laboral vigente. Denuncian que no hubo actas administrativas ni procedimientos, solo llamadas telefónicas e instrucciones verbales de funcionarios que evitan identificarse.
Los afectados califican estos despidos como prácticas sistemáticas que se repiten cada cambio de administración o reacomodo político interno. De un día para otro pierden su ingreso, seguridad social y estabilidad, enfrentando deudas e incertidumbre al iniciar largos juicios laborales.
El daño económico al erario público es considerable: cada despido ilegal termina en tribunales laborales donde el Ayuntamiento pierde y es condenado a pagar millonarios laudos. Cifras documentadas revelan pagos de hasta 2.5 millones de pesos entregados solamente a un demandante, dinero que pertenece al erario público y que pudo haberse destinado a obra pública, mientras los responsables permanecen sin sanciones administrativas ni penales.
