Los diputados locales Marco Gama, Héctor Serrano y Sara Rocha protagonizaron un bochornoso episodio al intentar engañar a la ciudadanía con cifras falsas sobre transparencia, en una maniobra desesperada por ocultar la sistemática opacidad con la que ha operado la actual legislatura del Congreso de San Luis Potosí.
De manera irresponsable y posiblemente dolosa, el diputado Marco Gama presumió públicamente que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) había calificado al Congreso con un 93% en materia de transparencia durante 2025, información que resultó ser completamente falsa.
La situación se agravó cuando Héctor Serrano y Sara Rocha replicaron este grave error, ya sea por desconocimiento del tema o con la intención deliberada de desinformar a los medios y la opinión pública.
Los documentos oficiales revelan una historia muy diferente. El 18 de agosto de 2024, la CEGAIP notificó al Congreso que, tras la primera evaluación vinculante, había obtenido una calificación de apenas 70.22%. El organismo otorgó un plazo de veinte días hábiles para subsanar las inconsistencias detectadas.
«En atención a las obligaciones de transparencia establecidas en los artículos 84 a 95 de la Ley de la materia, y de conformidad con el dictamen visto en el punto anterior, esta CEGAIP hace de su conocimiento el resultado de la segunda evaluación vinculante correspondiente al mes de septiembre del dos mil veinticuatro», establece textualmente el documento oficial.
La supuesta calificación del 93% que presumen los diputados no corresponde a una evaluación actual, sino que fue el resultado de un apercibimiento por parte de la CEGAIP para evitar una sanción, después de que el Congreso realizara las adecuaciones forzosas.
La opacidad del Congreso potosino no es casual. Organizaciones como Congreso Calificado y Ciudadanos Observando, respaldadas por diversos medios de comunicación, demostraron con pruebas que la legislatura llevaba cinco meses sin publicar información relevante en la Plataforma Estatal de Transparencia.
Esta obstrucción informativa tuvo un objetivo claro: evitar que la organización Congreso Calificado pudiera realizar su Cuarta Evaluación Trimestral y exponer las deficiencias de los 27 legisladores potosinos justo antes de su primer informe legislativo.
Por primera vez en diez años, Congreso Calificado se vio obligado a suspender una evaluación debido a la obstrucción deliberada de información por parte de los diputados. La organización explicó que «la falta de datos oficiales elementales imposibilitó llevar a cabo una evaluación seria, rigurosa y sustentada».
Esta no fue una omisión administrativa ni un error técnico. Fue una decisión política calculada para proteger el ego de los legisladores y evitar quedar en evidencia con calificaciones reprobatorias durante su periodo de mayor exposición mediática.
Según denunció Congreso Calificado, esta legislatura se ha comportado de manera «distinta y mucho más opaca» que las anteriores, estableciendo un preocupante precedente en el manejo de la información pública en San Luis Potosí.
La maniobra de los diputados fue simple pero efectiva: impedir la publicación de información en los canales oficiales para evitar la evaluación ciudadana, pisoteando así los principios básicos de rendición de cuentas y transparencia que deben regir en una democracia.
