El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) denunció que sigue la “guerra sucia” del gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona en su contra, al dilatar y viciar el proceso de amparo que promovió el organismo gremial por la negativa estatal a otorgarle la toma de nota, violando derechos humanos y laborales de sus integrantes, mediante el incumplimiento de la normatividad laboral y procesal vigente, con la manipulación de las autoridades judiciales para que les denegarán la protección de la justicia federal.
En conferencia de prensa, su Secretaria General, Francisca Reséndiz Lara denunció que continua el hostigamiento en contra de los miembros del SITTGE, utilizando “chicanadas” legales para perjudicarlo, porque “hay mucha animadversión del gobierno hacía sus propios trabajadores” dijo al señalar que el mandatario estatal quiere “destruir al sindicato”, porque defiende los derechos de sus agremiados, aclarándole que “no somos sus enemigos, somos sus aliados”, lo que implica que debe respetar la normatividad laboral.
Refirió que, aunque hay reuniones con funcionarios estatales para resolver la problemática laboral y social que mantiene el titular del poder ejecutivo contra el Sindicato, “hemos visto que hay resistencia para resolver, de fondo, los problemas de los trabajadores” así como pagar los adeudos que tiene la autoridad estatal con el organismo gremial, pues refirió que “sí hemos tenido diálogo y hemos estado en pláticas, pero necesitamos respuestas y soluciones, y que resuelvan lo que ellos firmaron”, demandó.
Explicó que no han resueltó ningún punto de la minuta del ocho de abril del 2022, pues no han reinstalado a ningún empleado ilegalmente despedido, desde hace dos años no pagan el sueldo a más de 50 trabajadores activos, adeudan más de cinco millones de pesos por descuentos ilícitos a sus miembros, y les deben 11 millones de pesos en apoyos institucionales al SITTGE, retienen aportaciones sindicales del uno por ciento del salario a sus miembros, de los años 2023 y 2024, destacando que en general, al mes de marzo, les adeudan más de 127 millones de pesos.
Lamentó que el mandatario estatal no quiere destinar recursos para el pago de sus obligaciones laborales como patrón, pero, por el contrario, no escatima ni un centavo para pagarle a los artistas que se presentarán y se han presentado en la feria, estimando que lo que se devenga en una sola presentación, puede pagar gran parte de los adeudos que tiene con el organismo sindical, refirió.
Por su parte, el asesor legal del Sindicato, Francisco Parra Barbosa reveló que el titular del poder ejecutivo manipuló a las autoridades judiciales para que negarán el amparo que solicitaron desde el mes de octubre del 2024, contra la ilegal decisión del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA) por no otorgarles la toma de nota, además de aplazar ilegalmente ocho meses el dictamen de la autoridad judicial, violando los plazos del amparo, y pisoteando el derecho constitucional al acceso a la justicia y al debido proceso, refirió.
Explicó que el juzgado tercero de distrito de San Luis Potosí envió el citado expediente el cuatro de abril al juzgado primero de distrito de Zacatecas para que lo atendiera, alegando no poder hacerlo por exceso de trabajo, pero tal autoridad lo resolvió el día 15 de abril y se lo remitió al juzgado tercero el 23 de abril, pero desde esa fecha, a casi dos meses de distancia, no lo notificó al representante legal del Sindicato, primero negando en forma prepotente que tuviesen tal fallo, y luego al demostrarle el SITTGE que se les había remitido oficialmente, a regañadientes, lo hicieron.
Refirió que fue necesario acudir a la capital zacatecana para solicitar información sobre el estado del amparo solicitado, en donde les permitieron ver y fotografiar el referido acuerdo, lo que negaron y dilataron en la ciudad potosina.
Indicó que inclusive en el propio fallo, la autoridad judicial reconoció que cometió pifias para negar el amparo, además, dijo que por la dilación, viola los artículos 14 y 16 constitucionales, al negarles el acceso a la justicia y al debido proceso, excediendo los términos procesales, destacando que incumplieron el artículo 24 de la ley de amparo, que refiere que las notificaciones de las resoluciones, deben darse al tercer día hábil después de emitidas, lo que debió hacerse el 17 de abril pasado y no el 18 de junio como sucedió, lo que sustentará la revisión del procedimiento del juicio de amparo que se solicitará, para que se les ampare.
Señaló que la negativa del TECA incumple los convenios 87 y 98 que México tiene firmados con la Organización Internacional del Trabajo, los cuales protegen la libertad sindical, porque aseguró que la renovación de la mesa directiva del SITTGE se realizó conforme a derecho, cumpliendo la normatividad laboral estatal y federal para que les dieran la toma de nota, pero les fue negada por orden del mandatario estatal, quien quiso inmiscuirse en la vida interna del organismo gremial, pero confió en que habrán de otorgarla, porque el Sindicato respetó el marco legal en la renovación de su dirigencia.
